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En el Perú, las mujeres con información y dinero pueden comprar un anticonceptivo oral de emergencia -más conocido como la “pastilla del día siguiente”- en casi cualquier farmacia de las principales ciudades del país. En la mayoría de casos lo pueden hacer sin receta médica y su costo es de aproximadamente 25 soles. Así, cientos de miles pueden evitar un embarazo no deseado luego de haber sufrido una violación o de haber tenido sexo sin protección. De acuerdo con PROMSEX, se venden tres millones de estas pastillas cada año en todo el país.

Pero sucede que en el Perú no todas las mujeres son tratadas como iguales. Ante la ley, existen mujeres de primera y segunda categoría. Si bien es legal vender y usar la pastilla del día siguiente, para el TC -contradiciendo las políticas de salud del mundo occidental, a la ONU y el sentido común- el Estado no puede considerarla como un método anticonceptivo de emergencia y entregársela, por ejemplo, a una mujer que ha sido violada o no tiene dinero.

En un país donde tantas adolescentes inician su vida sexual de manera forzada, y donde la falta de una educación sexual lleva en muchos casos a embarazos no deseados, que el Estado no asegure acceso a la mayor cantidad de información posible y a la más amplia gama de métodos anticonceptivos es, que no quede duda, una forma de violencia.

En estos días se está revisando el criterio del TC que concibió esta discriminación flagrante. Confiemos en que esta vez nuestros operadores de justicia no se dejarán influenciar por dogmas disfrazados de argumentos legales y teorías científicas.

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