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Luego de las revelaciones generadas por los audios que valientemente viene difundiendo IDL-Reporteros, nuevamente ha quedado en evidencia la necesidad de una profunda reforma del sistema de justicia en nuestro país. Por ello, saludo la decisión del presidente Vizcarra de conformar una comisión que se ocupe de brindarnos soluciones, y espero que sus recomendaciones sean finalmente implementadas por los poderes del Estado.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que su labor no comenzará de cero. La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), creada en el 2003 por la Ley 28083, realizó una fina tarea sobre el tema, planteando una serie de recomendaciones que lamentablemente no vieron la luz. Sus líneas de acción fueron: “Modernización del despacho judicial, sistema anticorrupción, mejoramiento de recursos humanos, gobierno y presupuesto, predictibilidad y mejora de la jurisprudencia, reforma de la justicia penal y adecuación normativa”.

En consecuencia, la comisión presidida por Allan Wagner tiene allí un insumo importante que debería ser revisado y actualizado a fin de materializar sus propuestas de cambio. Sin perjuicio de ello, considero que es prioritaria la renovación total de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, debido a los cuestionamientos existentes, así como una reforma de su estructura y de la forma en que designan autoridades. También es vital que los actos jurisdiccionales y de gobierno del Poder Judicial sean totalmente transparentes ante la opinión pública.

La reforma judicial no puede seguir siendo postergada, necesita ser una política de Estado que sea sostenible en el tiempo y que esté correctamente financiada. Ni el sistema ni la ciudadanía pueden esperar más.