La pandemia del coronavirus ha sacado a luz limitaciones de nuestra Constitución. Esto nos plantea la necesidad, saliendo de la emergencia, de revisar el pacto social vigente entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada.
El dictado de clases se realiza mediante radio, televisión e internet que administra el Estado, pero como el grueso del espectro radioeléctrico está bajo administración privada, aún en emergencia nacional, dependemos de la buena voluntad privada para sumarse. El Estado debería reservarse no menos del 10% del tiempo de programación para estas situaciones.
La Constitución considera al “trabajo como un deber y un derecho”, pero la CONFIEP, máximo gremio empresarial, solicitó el cese colectivo sin necesidad de autorización, y ha logrado la llamada “suspensión perfecta de labores”, nuevo nombre para el despido de trabajadores.
Esto como si durante el 2019 todas las empresas no hubiesen tendido ganancias como para afrontar un par de meses de para. En cambio, las micro y pequeñas empresas sí están en una situación complicada y a ellas el Estado debe habilitarles, crédito y facilidades.
Las políticas económicas liberales que inspiran nuestra Constitución, priorizan las exportaciones de minerales, y no nuestro mercado interno, educación ni salud.
La planificación ausente en la Constitución y en la política pública muestra las consecuencias. De haber planeado adecuadamente nuestro sistema de salud pública, enfrentaríamos mejor cualquier catástrofe como la que hoy nos amenaza.
Por no haber planificado sufrimos la escasez de respiradores mecánicos, que nos puede llevar a optar entre a quiénes asistir y a quiénes no.
