Ni impunidad ni ausencia de garantías

El posible asilo de Alan García sigue causando revuelo y preocupación por el uso de esta protección para eludir la justicia por presunto involucramiento en actos de corrupción. Es fundamental garantizar el derecho al asilo, pero hay temor de que se desnaturalice. El Poder Judicial impuso a García impedimento de salida del país por 18 meses, pero el Ejecutivo intervino para cerrar fronteras antes de la decisión del juez. La desconfianza frente a la justicia cundió y la cúpula aprista trató de evitar la imagen de su líder encarcelado sin pruebas, como ha sucedido en casos recientes. Para imponer la preventiva, el juez no decide sobre el fondo del asunto, solo busca garantizar que el imputado no escape a la justicia o no la obstruya. AGP podía fugarse a España como César Hinostroza, o podía quedarse obligado como exige la Fiscalía y la mayoría de los peruanos. Pero no siente garantías de que no lo encarcelen con una preventiva, bajo fuerte presión mediática y social evidente. ¿Es esta una operación de persecución política? Podría serlo si se demostrara injerencia política en la justicia, como muchos temen o denuncian.

No sabemos si habrá asilo y salvoconducto, pero la imagen del Perú democrático está en cuestión. La investigación debe seguir, el fiscal acusar y procesar pruebas en juicio y si la sentencia es de cárcel, que traigan al culpable de donde esté para que la cumpla. Pero si no hay actuación de pruebas, le dan argumentos para victimizarse.

Ni impunidad ni de garantías, se necesita la acusación fiscal y el proceso debido y mientras eso suceda, AGP debería estar dispuesto a esperar en libertad en el Perú con garantías para ello. El Tribunal Constitucional ha dado la línea correcta para la justicia peruana. Las preventivas son medidas cautelares excepcionales, no deberían ser la regla, abusiva en muchos casos.