Al momento de escribir estas líneas, el conteo oficial de la ONPE alcanzaba el 55,9 %, sin considerar necesariamente los más de 63 mil votos que, por una decisión difícil de entender del Jurado Nacional de Elecciones, se realizaron el 13 de abril. Aún no sabemos si el desenlace será una final “de derechas” o una final ideológica, es decir, derecha contra izquierda.

En cualquiera de los casos, sería un error cómodo concluir que el Perú se ha derechizado. En tiempos de crisis, las ideologías pesan menos que las urgencias. Cuando el Estado no funciona, el pragmatismo reemplaza a la doctrina. Por ello, el mensaje de Keiko Fujimori —“vuelve el orden”— ha resonado incluso entre quienes nunca votarían por ella en circunstancias normales. No es necesariamente un crecimiento del bolsón fujimorista. Es, sobre todo, la expresión de un cansancio profundo.

Pero si el resultado termina configurando una final entre candidaturas identificadas con la derecha, conviene mirar con más cuidado lo ocurrido en el sur del país. Ese voto suele etiquetarse rápidamente como “voto de izquierda”. En realidad, expresa algo distinto: una reacción frente a décadas de abandono estatal, precariedad de servicios públicos y al histórico centralismo limeño.

La izquierda ha sabido capitalizar ese malestar en las regiones más profundas del Perú. Pero eso no convierte automáticamente al elector peruano en un votante ideológico de izquierda. El voto peruano es, sobre todo, un voto de protesta. Un voto que reclama presencia del Estado donde nunca llegó.

Si los sectores empresariales y la derecha política siguen leyendo este mensaje únicamente en clave ideológica, volverán a equivocarse. No se trata de una disputa entre modelos doctrinarios. Así, el Perú no está pidiendo una revolución. Está pidiendo que el Estado funcione.