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Más si se trata del presidente en ejercicio, como bien lo puede decir PPK. Martín Vizcarra criticó ácida y prolongadamente a Pedro Chávarry por una mentira sin importancia y ahora afronta problemas al haber negado todo trato comercial con Odebrecht. Si bien posteriormente ha aceptado que el trato fue con Conirsa, todos saben que fue el consorcio controlado por la brasileña. A ello se agrega que el presidente Vizcarra y su hermano fueron representantes legales de Graña y Montero en el Consorcio Ilo, lo que indica el gran acercamiento con los Graña.

Nada hay de ilegal en estas relaciones empresariales, pero negarlo genera problemas de credibilidad en el mandatario, erigido por propia voluntad en paladín de la anticorrupción. Difícil porque no será posible para los medios tan cercanos a él invisibilizar la denuncia ni desaparecerá su efecto lesivo al liderazgo del presidente.

Todo lo relacionado con Odebrecht contamina y la indignación colectiva ha crecido al máximo tras conocer su responsabilidad en el atroz desastre no natural que es el mortal aniego en San Juan de Lurigancho, por rotura de una tubería matriz de una de sus obras que debió durar 50 años y duró 5. Tremenda gota que rebasa el vaso de la tolerancia colectiva, y muy mal momento para revelar conexiones o tratos del presidente con la brasileña y su consorciada peruana. Esta, coincidentemente, ganó la supervisión de lo que sería el aeropuerto de Chinchero, defendido por Vizcarra a capa y espada cuando era titular de Transportes. En aquel momento, poco se supo de su colaboración comercial con GyM.

Queda claro que no es delito ser proveedor de Odebrecht, pero que Vizcarra trate de ocultarlo genera suspicacias. El tema viene en mal momento; no habrá tormenta mediática, pero las dudas hacen su camino y solo una investigación imparcial podría despejarlas.