El debate de Chota nos muestra a un Castillo que plantea nueva Constitución para que la salud sea un derecho y no un bien con el que se trafica. Ignora que la salud está vinculada al derecho a la vida, cuya protección le corresponde a la sociedad y al Estado, por mandato expreso de la Constitución.
En esa orientación, la Carta Magna señala -en su artículo séptimo- que todos tienen derecho a la protección de su salud; Artículo 9° El Estado determina la política nacional de salud (…) Es responsable de (…) facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud. Artículo11° El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas (…)
Más alarmante es que el candidato docente ignore que la educación es un derecho consagrado en la Constitución. El artículo 17° señala que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita en las entidades del Estado (…) el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo (…); Artículo 16° (…) es deber del Estado que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada (…).
Castillo miente o ignora nuestra Constitución. Es claro que la salud y la educación forman parte de un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución. El modelo permite la participación de privados para tener una mayor cobertura en la atención integral de la población. También es necesario recordar la progresividad de los derechos que determinan una mejor atención en salud y educación.
Castillo se aprovecha de la necesidad del pueblo, agravada por la pandemia e incapacidad de la izquierda caviar (sus aliados) que han gobernado ocasionando muertes y pobreza de miles de peruanos. A pesar de ello, culpan al sistema, usan el odio como estrategia para dividir a los peruanos entre ricos y pobres. Como lo pensaba Ernesto Guevara “un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”.
No somos enemigos. Todos somos peruanos, aspiramos al bienestar de nuestras familias, libertad y oportunidades para progresar.