Martín Vizcarra cerró el anterior Congreso alegando obstruccionismo a la reforma política y judicial desde un largo conflicto con la oposición mayoritaria. El nuevo Parlamento tiene poco tiempo y comienza a ejercer funciones pero el presidente ya muestra su disgusto ante la fiscalización que cuestiona sus políticas en tiempos de emergencia.

El Perú padece esquizofrenia. El Ejecutivo pide al Congreso la investidura que nunca recibió y que no merece con el sistema de salud colapsado y los números abrumadores. A pesar de los subregistros de infectados y fallecidos su desgaste político es evidente. En otro sentido el Legislativo avanza solitario, orientando esfuerzos a las próximas elecciones generales y a la reforma política mientras el país entero se moviliza contra el virus en una guerra de vida o muerte.

Ambos poderes tienen una mirada distinta pero funcionan en situación excepcional, en plena crisis y en tránsito a un mundo desconocido ya que la normalidad nunca retornará como la vivíamos. La emergencia debe priorizar la salud sobre la economía que está incubando la peor crisis del siglo. Las políticas sanitarias y económicas no han dado resultados. Los peruanos no estamos protegidos y el fracaso del gabinete Zevallos debería llevarlo a renunciar para dejar paso a ministros expertos en salud y economía. Los 32 millones de peruanos seguimos en severo riesgo mientras las enormes pérdidas económicas y la pobreza acechan sin remedio.

Zonas de desastre, en Lima, norte y sur, son reales y exigen soluciones de mentes ilustradas y expertas que deberían surgir de la unidad nacional. No es momento de confrontar sino de conjugar esfuerzos para remar en la misma dirección. Si bien el Congreso ha hecho poco o nada respecto de la pandemia y aunque la confianza al gabinete no esté asegurada, no hay espacio para el conflicto. Hay demasiado dolor en el país para agregar irresponsablemente la confrontación destructiva.