La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2023, que se desarrolla en el Cusco, ha sido el escenario para que el empresariado cuestione la falta de claridad del Gobierno en su tarea de encontrar la ruta hacia el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el Ejecutivo -representado por el premier Alberto Otárola- se ha dedicado a lanzar promesas como la siguiente: “La economía comenzará a recuperarse en el primer trimestre del 2024″.

Es innegable que el Gobierno muestra buenas intenciones para abordar los desafíos que enfrenta el Perú. Sin embargo, la falta de determinación para traducir esas intenciones en acciones concretas amenaza con convertir esos propósitos en meras palabras vacías. En ese sentido, la ejecución de planes y propuestas se convierte en un elemento crucial para salir de la situación actual.

El Gobierno debe ser consciente que la crisis que atraviesa nuestro país no es simplemente el resultado de una coyuntura (fenómeno El Niño, ciclón Yaku, protestas sociales, entre otros), sino más bien un reflejo de la inestabilidad política que ha marcado los últimos seis años, durante los cuales hemos presenciado el cambio de seis presidentes. Esta sucesión de líderes ha dejado al Perú sumido en un estado de incertidumbre que ha minado la confianza de los ciudadanos y ha afectado directamente la estabilidad económica, pero es momento de dejar de lamentarse y actuar.

Es imperativo que el país recupere la confianza de los inversionistas y ciudadanos por igual. La estabilidad política y económica son dos pilares interdependientes que deben ser fortalecidos simultáneamente. Solo con una base firme y confiable, podremos atraer inversiones y crear las condiciones necesarias para el progreso sostenible.