El país se desliza peligrosamente hacia una crisis social de grandes proporciones, alimentada por un crecimiento imparable de la criminalidad que ya adopta formas propias del terrorismo. En este contexto alarmante, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ha hecho un llamado urgente a los poderes del Estado, así como a entidades públicas y privadas, para articular una respuesta contundente y efectiva frente a la inseguridad ciudadana.

El reclamo es pertinente, pero no basta con buenos diagnósticos ni con exhortaciones. Es cierto que se necesita una política coherente, integral y firme para combatir esta lacra. Pero, aún más importante, se requiere una voluntad real de entendimiento entre las instituciones que lideran el destino del país. Cuando el problema es personal, se puede resolver en solitario. Pero cuando es nacional —como lo es esta ola criminal—, solo el trabajo conjunto puede abrir caminos de solución.

Lamentablemente, lo que vemos es todo lo contrario. El Gobierno permanece atrapado en el desconcierto, debilitado por sus propios errores y por una dinámica constante de confrontación con otras instituciones. No hay señales de cohesión ni de visión compartida. Y lo más grave: no hay liderazgo. La ausencia de una figura capaz de tender puentes y construir unidad es cada vez más evidente.

En un país golpeado por la angustia y la desesperanza, lo mínimo que se espera es que las autoridades se sienten a construir un proyecto común.