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El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, con esa proclividad sistemática a las declaraciones subidas de tono y con una carga de agresividad muy fuerte, le dio un plazo de 72 horas —que se cumple mañana— al presidente Martín Vizcarra para que anule la licencia que permitirá que la empresa Southern Perú inicie las operaciones del proyecto minero Tía María. Además, dijo que si hay muertos y heridos durante las protestas, toda la responsabilidad será del jefe de Estado

Desafortunadamente, la autoridad regional no contribuye a que se calmen las aguas en la provincia de Islay (Arequipa). Actúa como un político impulsivo y desaforado capaz de decir cualquier cosa que complique la posibilidad de un diálogo. Un fanático defensor de sus obsesiones personales y sus intereses políticos solo genera más problemas de los que hay.

Ante este panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, manifestó que “los ultimátums no construyen nada, lo que se necesita construir son espacios para dialogar”. Es evidente que en estos momentos de confrontación es importante generar consensos. Con un poco de serenidad, Cáceres Llica sería más proactivo y fundamentalmente ganaría un nivel de estadista. Con un poco de prudencia, que exige su función, se podría solucionar este impasse.

La respuesta del Gobierno debe guardar relación con el sistema al cual representa. Lo importante es que se cumpla la ley, y para ello debe haber un trabajo articulado entre las autoridades y la población.