Es una escena repetida hasta la saciedad: Ica y Arequipa bajo el agua, carreteras cortadas por huaicos en la sierra central, torrenciales lluvias en la selva que desbordan ríos y anegan chacras. El Senamhi advierte lluvias por encima de lo normal y activa alertas rojas; el Indeci emite reportes, mapas de riesgo, comunicados solemnes. Y, sin embargo, cada temporada el país parece sorprendido, como si la lluvia fuera una novedad y no una constante de febrero.

Como es usual, las autoridades anuncian presupuestos millonarios para prevención, hablan de defensas ribereñas, diques, reubicación de viviendas, ordenamiento urbano. Pero las obras se ejecutan tarde, a medias o donde hay más rédito político que riesgo real, mientras la población pobre paga la factura: agricultores que pierden sus cultivos en Ica, familias de Arequipa que ven cómo la torrentera se lleva la casa que el Estado permitió construir en cauces secos, comunidades amazónicas aisladas por ríos crecidos. No es un desastre natural, es un fracaso político crónico.​

El Perú no sufre por exceso de lluvia, sino por déficit de Estado y la eterna crisis política en la nos mantenemos. Mientras la gestión del riesgo siga siendo reactiva y clientelar, febrero seguirá siendo la repetición anual de una tragedia anunciada.