Una administración pública eficiente implica confianza. Al elegir a Pedro Castillo como nuestro presidente, el Perú eligió confiar en su capacidad de servir el interés público y de tomar decisiones -como designar a las personas indicadas- en beneficio de los peruanos. Hasta el momento, Castillo nos ha demostrado que fue un error depositar esa confianza en él, en buena medida mediante los nombramientos que ha dispuesto desde el inicio de su gobierno.

Las designaciones “cuestionables” de personajes poco idóneos para ocupar puestos en la administración pública han sido muchas. Desde varios exministros (Gallardo, Barranzuela y Béjar, por nombrar algunos) hasta el nombramiento de Julián Palacín (hijo) a la cabeza de Indecopi. Ahora tenemos a Daniel Salaverry al volante de Perupetro. Todo esto revela un gobierno que busca copar instituciones progresivamente, reflejado en nombramientos evidentemente guiados por pactos políticos antes que por criterios éticos y técnicos. Cada día el presidente nos demuestra lo poco que le importa tomar decisiones en favor de los peruanos. Castillo nos encamina hacia un Perú en el que nuestras instituciones públicas son manejadas por personas con agenda propia, poca experiencia en el rubro, y sin vocación por el servicio público.

¿Qué hacer al respecto? Dado el hecho de que no podemos confiar en que este gobierno pondrá a las personas indicadas en cargos importantes, se debe tener una legislación clara y efectiva al respecto, que imponga límites a la discrecionalidad de los gobernantes para designar a personas en puestos clave. Asimismo, tenemos que trabajar en desarrollar mecanismos de control ciudadano efectivos. ¿De qué sirve mostrar nuestro desacuerdo o indignación si es que no se traduce en un cambio?

Dejemos de confiar en un gobierno que nos ha demostrado una y otra vez que no respeta dicha confianza. No nos acostumbremos a este trato. No nos quedemos callados.