Mucho esfuerzo se ha desplegado en los últimos años en defender la autonomía universitaria, mientras los interesados en sostener el poder de la SUNEDU afirmaban que era la única titular de la llamada reforma universitaria que se centra en la calidad de la educación superior. Nadie podría estar en contra de esste objetivo crucial para el desarrollo nacional. Hubo muchas críticas al accionar del ente supervisor, pero quisieron acallarse o calificarse como contrarreforma en los medios. Pasados algunos meses de todo este debate político y mediático se ve que las universidades públicas han recuperado su tranquilidad con confianza en su autonomía, la presión de la SUNEDU por el licenciamiento, la puerta abierta a los estudiantes, disminuirá y aumentará la precisión por la calidad a través de la acreditación que se revela exigencia compleja pero necesaria para cada especialidad. A ello se agrega que el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra los artículos 1 y 3 y contra la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31520, que presentó quien fuera encargada de la Defensoría del Pueblo, en contra de la presunta contrarreforma universitaria.  Las cosas van aclarándose. Lo que es válido es que el Ejecutivo a través de los Ministerios de Educación y de Economía no dejen de coordinar esfuerzos para un mayor apoyo financiero a las universidades públicas en el marco a la Ley General del Presupuesto, aplicando montos y criterios técnicos, para que el esfuerzo por la calidad sea sostenido. Mientras ello sucede la SUNEDU debe aumentar su diálogo constante con las autoridades universitarias para una colaboración que beneficie los objetivos de la ley universitaria estimulando el debate académico indispensable sobre los agudos problemas nacionales que durante tantos años ha estado ausente-