La denuncia de Beto Ortiz respaldada por el notable científico Ernesto Bustamante generó otra crisis política para el gobierno de Francisco Sagasti. El punto nos concierne a todos y es la eficacia de las vacunas chinas compradas por el Perú. Ya existe bastante opacidad sobre su selección y adquisición antes de la autorización mundial y de que culminara el estudio de la UPCH y de la UNMSM, para no conocer los resultados preliminares que han informado a la población que había dos vacunas chinas y una con eficacia cero. El país está muy golpeado por la segunda ola para la cual el gobierno no previó ni compró ni camas UCI ni oxígeno. Ahora amenaza una tercera ola y no permiten a las empresas privadas adquirir vacunas y ayudar a inmunizar. Ortiz y Bustamante no incurrieron en desinformación ni en falsedad, el informe preliminar fue reconocido como auténtico por la UPCH, tampoco en ilegalidad puesto que no hay delito de opinión. La interpretación no le gustó al gobierno pero puso luces sobre lo oculto.

La persecución mediática al mensajero no se justifica, tampoco las respuestas de Sagasti y Bermúdez de que son opiniones tendenciosas y desestabilizadoras con intenciones políticas. Estas respuestas solo se explican por la precariedad gubernamental  y por la evidente crisis de confianza que impregna a toda la población por el “vacunagate” y por la corrupción y la inoperancia de la catastrófica gestión de Vizcarra.

Al borde de las elecciones los indecisos dominan, ningún postulante convence debido al desencanto de la clase política y por el debate sin propuestas que favorece populismos y radicalismos. En el peor momento de la república no sabemos por quién votar mientras investigadores del FMI alertan del riesgo de explosión social o revoluciones tras la pandemia. Ninguna calma actual garantiza la paz social futura y ninguna opinión discordante debería poder desestabilizar nuestra precaria democracia.