Un problema palpable en la crisis ejecutivo-legislativo es la ausencia de una oposición política. Se trata de la organización de los partidos con más afinidad para fijar posiciones conjuntas respecto a la política general del gobierno. Si no hay liderazgos claros difícilmente el ejercicio de los instrumentos de fiscalización y balance político serán operados de forma adecuada para contrapesar el ejercicio del poder.
Al respecto, recordemos los tres grados de relación entre los poderes. El primero es la investidura que produce la relación fiduciaria. El segundo son las invitaciones, preguntas, interpretaciones y comisiones (control político). En tercer lugar, la negación de la cuestión de confianza y moción de censura (exigencia de responsabilidad política).
El Congreso está fragmentado en diez partidos, pero la oposición política debe mostrar firmeza frente a un gobierno con afanes de refundación constituyente. Por otra parte, nos encontramos bajo una serie de indicios que exigen una toma de posición. El señalamiento que la fiscalía hace al líder del partido de gobierno Perú Libre, como el presunto cabecilla de los llamados “Dinámicos del Centro”, demanda un deslinde del jefe de Estado, su vicepresidenta y presidente del Consejo de Ministros.
La repercusión política al gobierno trae nuevamente la discusión de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, institución de contenido político que el Congreso deberá decir tramitarla o no, pues, la función de representar a la Nación, así como las atribuciones de administrar la hacienda pública y dirigir las relaciones internacionales pueden estar comprometidas. Es cierto que la vacancia es una institución excepcional que de un tiempo a esta parte también forma parte de las relaciones ejecutivo-legislativo (como la disolución parlamentaria), pero eso se debe a la aguda crisis de institucionalidad de los últimos seis años que se encuentra todavía sin resolver.
