El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no deja espacio para eufemismos ni consuelos estadísticos: la pobreza sigue boyante en el país. Que 8.8 millones de peruanos vivan en esa condición —2.3 millones más que en 2019— no es solo un dato; es el reflejo de un retroceso que desmiente discursos triunfalistas y expone, sin anestesia, la fragilidad de nuestras políticas públicas.

El balance es inevitable. El gobierno izquierdista de Perú Libre no solo fue incapaz de revertir esta tendencia, sino que terminó agravándola. Y aunque sería simplista atribuir toda la responsabilidad a una sola gestión en un problema estructural, tampoco se puede ignorar que las decisiones políticas —o la falta de ellas— tienen consecuencias directas sobre la vida de millones.

El próximo gobierno recibirá, en términos prácticos, un paciente en estado crítico. No hay margen para la improvisación ni para experimentos ideológicos. Se requiere algo más básico y, paradójicamente, más escaso: conocimiento técnico, capacidad de gestión y respeto irrestricto por la Constitución y el Estado de derecho. Porque sin reglas claras, sin institucionalidad y sin confianza, cualquier intento de reactivación económica nace condenado.

La incertidumbre y la desconfianza no son conceptos abstractos: tienen efectos concretos. Ahuyentan la inversión, paralizan proyectos y frenan el crecimiento.