Existe una creencia arraigada en el imaginario colectivo: que la solución a nuestros problemas reside en la promulgación de reformas constitucionales, leyes, decretos u otros instrumentos jurídicos. Si bien es cierto que estas herramientas forman parte de la solución, no son la panacea. Problemas como la inseguridad ciudadana o la informalidad, entre otros, son estructurales y demandan un abordaje integral que trascienda la mera legislación y los gobiernos de turno.

Para afrontar estas problemáticas, se requiere, en primer lugar, diagnósticos precisos y objetivos, libre de sesgos ideológicos o políticos. Además, es crucial implementar la solución con una gestión eficiente de los recursos públicos, considerando la normativa jurídica y una planificación rigurosa para la ejecución y evaluación de las medidas adoptadas. En este escenario, resulta llamativa la ofensiva coordinada de rojos, rojetes, caviares y progres contra la ley promulgada por el Congreso y la idea de declarar el terrorismo urbano. Experiencias recientes, como la de El Salvador bajo la gestión del presidente Bukele, demuestran que un cambio de paradigma en la lucha contra la delincuencia puede generar resultados significativos.

En nuestro contexto, la búsqueda de resultados inmediatos a los problemas conducen a una peligrosa improvisación, agravando la situación. Urge, entonces, revaluar las políticas públicas con la participación de los sectores y actores directamente involucrados. Es imperativo superar la dependencia de consultorías onegeras que, desde la comodidad de sus oficinas, pretenden resolver los problemas con fórmulas preconcebidas, práctica que ha generado un gran daño en las últimas dos décadas.