Según la última encuesta de IPSOS, 8 de cada 10 peruanos considera que existe corrupción en nuestro país. Y este dato no nos sorprende ya que en estos últimos 12 meses hemos sido testigos de múltiples indicios de corrupción del presidente y de las personas más allegadas a su entorno; despachos clandestinos, adjudicaciones irregulares, falta de transparencia en los procesos de licitación, nombramientos de funcionarios públicos con prontuario y/o sin ninguna experiencia, entre otros actos cuestionables que vienen afectando la democracia y la institucionalidad; y, por ende, el normal desarrollo de todos los sectores productivos afectando nuestra ya alicaída economía.

Así, por ejemplo, en el sector pesquero, lamentablemente vemos cómo las mafias de la pesca ilegal vienen operando de manera ilícita y generando anualmente más de S/ 500 millones; operando sin licencias, contaminando el medio ambiente al verter sus residuos en los ríos y mares y emitiendo gases en detrimento del aire que respiramos sin que ninguna autoridad enfrente a este flagelo con decisión y determinación.

Un aspecto que en este contexto es necesario resaltar y saludar es la actitud de diversas organizaciones empresariales que han alzado su voz demandando acciones concretas contra los actos de corrupción y una salida ordenada dentro del marco constitucional para hacer frente a esta crisis. La corrupción no puede ni debe ser normalizada.

Es el momento de estar todos unidos para reconstruir nuestro país, priorizando el respeto por las personas, las instituciones y nuestros recursos naturales. No más corrupción en un país con peruanos y peruanas honestos.

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