Haití, con 12 millones de habitantes y 95% de raza negra, fue el primer país de América Latina en proclamar su independencia el 1 de enero de 1804, liderada por Jean Jacques Dessalines quien termina ejerciendo como Emperador con un poder tiránico que le permitió el exterminio de la población blanca no útil.

Francia reconoció su independencia imponiéndole una deuda compensatoria, ilegítima, de 150 millones de francos, seis veces mayor a los ingresos anuales del Estado haitiano, cobrada hasta el último centavo en 1883.

Hoy es el país más pobre de América: su recaudación tributaria es apenas de 5.9%, una de las más bajas del mundo; es considerado un Estado fallido y su fuerza policial entre 9,000 a 15,000 policías son sobrepasados en número y potencia de fuego por las pandillas que controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

El sábado 2 de marzo el ataque a la prisión civil en Puerto Príncipe ocasionó la fuga de 3,696 reclusos (el 97% de su población penitenciaria), informó el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO).

Haití vive una crisis política, económica y social permanente por falta de acuerdos y consensos entre sus líderes políticos. Tras el asesinato, en julio del 2021, de su presidente Jovenel Moise, hoy lidera el gobierno el primer ministro Henry, aunque sin mandato constitucional al carecer de aprobación parlamentaria porque no se convoca a elecciones parlamentarias desde el 2020.

Los peruanos debiéramos vernos en el espejo haitiano. Impedir una probable catástrofe nos obliga a evitar que se siga destruyendo nuestra débil institucionalidad por un Congreso que ha perdido toda legitimidad.