GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

Un nuevo caso de violación en plena jornada de los censos nacionales 2017 se ha dado a conocer hace pocos días. Una señora denunció que un empadronador abusó sexualmente de ella en su casa del Centro Poblado San Alejandro de Ubiriqui, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín. El sujeto, presuntamente, habría sedado a la mujer y luego la habría violado delante de su hijo.

Este hecho, que cubre de más sombras el último proceso desarrollado en todo el país, se agrava por la lentitud de las investigaciones policiales. La afectada manifestó que luego de casi 15 días no existen avances en su caso. Pese a que está comprobado que Alexander Romero era un empadronador del INEI y que acudió a la casa de la agredida el 26 de octubre para censar a su familia, hasta ahora no hay resultados de la denuncia.

Esta situación torna aun más grandes los problemas del INEI en la conducción del censo nacional. Sin embargo, lo más grave es que estos casos de violación y la ausencia de una rápida respuesta para capturar a estos criminales generan un colapso de la confianza de nuestra sociedad.

Si en Lima el presunto violador de una empadronadora fue capturado inmediatamente y puesto en prisión preventiva, todo lo contrario sucede lejos de la capital. Parece que la justicia avanza con lentitud en el Perú profundo, en este caso en un centro poblado de la Selva Central.

“Pido que lo capturen; él sigue libre”, fueron las palabras de la madre agredida, de 25 años. Esta frase resume la falta de decisión de las autoridades en el interior del país para combatir el flagelo de la violencia contra la mujer. Es tarea del Estado poner énfasis en solucionar las demandas de la gente también fuera de Lima.