Más de un día demoró la presidenta Keiko Fujimori en pronunciarse sobre la masacre ocurrida en Trujillo. Finalmente expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno responderá con firmeza. El mensaje era necesario, pero ante hechos de esta magnitud los peruanos esperan algo más que palabras: esperan acciones.

Es cierto que un mes de gobierno no es suficiente para resolver un problema tan profundo y complejo como la inseguridad ciudadana. La criminalidad no nació ayer ni desaparecerá de la noche a la mañana. Pero reconocer esa realidad no puede convertirse en una excusa para avanzar a paso de tortuga.

Keiko Fujimori prometió devolver el orden y la tranquilidad a los peruanos. Esa promesa comenzó a exigirse desde el primer día de su gobierno. Y si bien los resultados definitivos requieren tiempo, las señales de una respuesta firme, organizada y efectiva deben percibirse ahora.

La espera por la aprobación de las facultades legislativas solicitadas al Congreso tampoco puede convertirse en una pausa para el Ejecutivo. Las facultades pueden ser una herramienta adicional, pero no son una condición indispensable para empezar a combatir a la criminalidad. El Estado ya cuenta con instituciones, presupuesto, personal policial y mecanismos legales para actuar.

El Gobierno no necesita esperar al Congreso para cumplir con su deber inmediato de proteger a los ciudadanos.

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