Hay frases que sobreviven al tiempo porque retratan verdades incómodas. Aquella atribuida a Mario Moreno sobre Argentina es recordada hasta ahora. Decía en el siglo pasado que “es un país compuesto por millones de habitantes que quieren hundirlo, pero no lo logran”. Este empeño de sabotearse a sí mismo parece haber cruzado fronteras y encontrado nueva residencia en el Perú. No como cita histórica  sino como espejo mordaz de nuestra política actual. Basta observar al Congreso de la República para entender que, cuando se trata de empujar al país al borde del abismo, la creatividad legislativa no tiene límites.

Lo más curioso —y preocupante— es que este entusiasmo por gastar no viene acompañado de la responsabilidad de financiar. La Constitución es clara: el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero eso parece ser, en la práctica, una sugerencia decorativa. Gratificaciones y CTS para cientos de miles de trabajadores CAS, bonos vitalicios, incrementos de pensiones y otros beneficios aprobados sin respaldo presupuestal configuran un menú generoso… siempre que la cuenta la pague otro. El resultado no es justicia social, sino una peligrosa ilusión de bienestar financiada con deuda y desequilibrio.

Las cifras no mienten. Los proyectos de ley con impacto fiscal han crecido como espuma en los últimos años, en una carrera desenfrenada por prometer más sin explicar cómo. No se trata de una política pública estructurada, sino de una subasta: quién ofrece más beneficios, quién seduce a más electores, quién gana aplausos inmediatos.

No sorprende entonces la advertencia desde el Banco Central: el país se debilita. Pero quizá lo más inquietante no es la fragilidad económica, sino la normalización de esta conducta. El populismo ya no se disfraza; legisla abiertamente.