Vuelve al escenario político y congresal la vacancia presidencial en simultáneo con el aprestamiento para la contienda electoral. Pero todo está movido e incierto, lo único categórico es que el Presidente está en serios problemas y que queremos que las elecciones que vienen dentro de poco nos traigan un buen gobernante y un Legislativo de la mejor calidad. Lamentablemente la realidad no trae buena señales. El debate en un país tan convulsionado por la corrupción debe arraigarse en la ética y los valores. Es entendible que el ambiente esté marcado por el significado de la incapacidad moral como causal de vacancia desde que el procedimiento parlamentario deberá ser el adecuado para llegar a un resultado aceptado por todos, cualquiera que fuere.

Aunque hay demasiados bemoles. El Presidente de la República no es constitucionalmente procesable a pesar de que existe un auto de apertura de investigación a Martín Vizcarra. Su asociación con conductas reprochables lesiona ostensiblemente la dignidad de quien personifica a la nación. Demasiadas noticias lo inculpan y conducen a la indignación y al cuestionamiento. Las diversas posiciones jurídicas y políticas de abogados y académicos en torno a la “permanente incapacidad moral” confunden más el escenario.

¿El Presidente debe irse o quedarse en plena pandemia ya muy cercanas las elecciones?

Muy difícil respuesta. Si se va habrá consecuencias sobre el manejo de la crisis sanitaria y económica. Si se queda estaremos aceptando conductas inapropiadas en el primer mandatario. La estabilidad del régimen que la Carta contiene está en juego. Por ello el nuevo Tribunal Constitucional que el Congreso elija deberá abocarse a dar eficaz precisión al concepto de incapacidad moral, entendiendo la necesidad de debatirla junto con la no procesabilidad judicial del Jefe de Estado. Simplemente le tocará analizar las implicancias del privilegio constitucional contenido en el artículo 117 de la Carta Fundamental. Nada más y nada menos.