El Contralor General de la República, Nelson Schack, se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y reveló que en todo el país hay cerca de 5 mil obras paralizadas por un valor de más de 20 mil millones de soles. Con estas cifras queda en evidencia nuevamente la incapacidad del Estado para la ejecución de proyectos de salud, educación y viales, entre otros, que son urgentes para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Está claro que al margen de inoperancia de nuestras autoridades también hay rapacidad. La corrupción es un lugar común en todos los niveles de gobierno en el Perú.

El nivel de la clase política peruana es penosa y en las regiones es mucho más. No en vano, la gran mayoría de gobernadores regionales está procesado o investigado por corrupción. No asimilan la gravedad de la crisis y se sigue mirando el más alto cargo de su jurisdicción como un botín. La desaprensión que tienen por los manejos de los dineros públicos es alarmante.

Las últimas encuestas dan cuenta que el 37% de peruanos (Ipsos) y 30% (Datum) estiman que el Gobierno debe tener como prioridad la lucha contra la corrupción. Las autoridades, empezando por el presidente Pedro Castillo, deben actuar rápido. Apremia reducir este problema a su mínima expresión. Por supuesto, también debe tomar cartas en el asunto en la reactivación económica. Desviar la atención en otros temas es nocivo para construir confianza.