Mientras el Gobierno y el Congreso consumen su tiempo en disputas con el Poder Judicial y el Ministerio Público, el Perú real enfrenta problemas urgentes que siguen sin solución. Los representantes que deberían velar por los intereses de la población están más ocupados en sus propias pugnas políticas, dejando de lado las verdaderas necesidades del país.

Uno de los sectores más golpeados por esta indiferencia es la educación pública. A pocos días del inicio del año escolar, se ha revelado una realidad alarmante: más de la mitad de las instituciones educativas del Estado necesita ser demolida y reconstruida. Aún más preocupante es que solo el 39.35% de los colegios cuenta con servicios adecuados de agua, luz y desagüe, situación que se agrava en las zonas rurales. Como si esto fuera poco, el último examen de evaluación docente arrojó un dato desalentador: más del 70% de los profesores no alcanzó una calificación aprobatoria.

Estos datos evidencian la precariedad del sistema educativo y sus devastadoras consecuencias para el país. Una educación deficiente no solo afecta a los estudiantes, sino que compromete el futuro de la nación entera. Sin una formación de calidad, los niños y jóvenes peruanos enfrentarán grandes dificultades para acceder a mejores oportunidades y contribuir al desarrollo del país.

Invertir en educación no es un lujo, sino una necesidad imperiosa. Si no se toman medidas urgentes para revertir esta crisis, el costo será alto.