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Pasaron diez días desde el destape oficial del megaescándalo de corrupción de Odebrecht y, en vez de arremeter a desnudar a los corruptos, ya es claro que varios pretenden ponerlo en “baño María”. Para botón de muestra, el procurador anticorrupción que va a liderar la investigación de este fétido pozo sin fondo es nada menos que el exprocurador adjunto de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, una de las principales sospechosas de haberse beneficiado con los dineros de la constructora brasileña. Pero hay más botones. Mientras el propio Presidente de la República minimiza el caso con el argumento de que “aquí se robó menos” que en otros países (¿!), gran parte de la prensa se entrega a resaltar la captura de un NN que le pegó a su mujer, silenciando mediáticamente el megaescándalo. Como si fuera poco, el Defensor del Pueblo señala prácticamente que no se puede hacer nada contra esta empresa y sus negocios, muchos de ellos bajo el sistema de asociaciones público-privadas (APP) porque no existen cláusulas anticorrupción en los contratos de APP, con excepción de la del Gasoducto del Sur. Inaudito que nuestras autoridades permanezcan inmóviles ante la corrupción flagrante de hoy, apelando a tecnicismos. Mejor apelemos a la lógica: lo que tiene origen ilícito deviene en ilegal. No se lucha contra la corrupción hablando contra ella, mientras se permite, en los hechos, que sigan adelante los negocios y negociados que surgen de ella. Demasiadas casualidades que llevan a sospechar que se está armando un blindaje terrible sobre demasiada gente de poder implicada. Desde políticos y empresarios hasta periodistas. El encubrimiento de Odebrecht es grosero e inmundo. Aquí no faltan leyes, señores. Sobran más bien. Lo que faltan son pantalones para enfrentar la corrupción sin mirar nombres y apellidos.

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