La magnitud del escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado. Lo que este gobierno debió preguntarse es: ¿qué debemos esperar como sociedad? Las alternativas posibles, a la luz de los acontecimientos, fueron: a) sancionar penalmente a los que delinquieron condenando a prisión a los directivos; b) expulsar a Odebrecht del país; c) mantener el desarrollo de las obras a fin de evitar el corte de la cadena de pagos; d) que pague la reparación civil; e) cuantificar los sobrecostos que soportó el Estado; f) que Odebrecht pierda sus concesiones en favor del Estado. Todas o por lo menos algunas. En ese orden de ideas, lo que se debió hacer es convocar al PJ, al MP, a la Procuraduría Anticorrupción y a los medios de comunicación, para diseñar una estrategia conjunta que le permita enfrentarlos, tomando en cuenta que: 1) los principales imputados brasileños nunca iban a ser sometidos a la justicia peruana; 2) su primordial interés era vender sus concesiones para poder pagar sus multas; 3) existen otras empresas (vinculadas a Odebrecht) que quieren comprar concesiones que generan utilidades; y 4) existen personas y entidades comprometidas con las actividades delictivas de Odebrecht interesadas en que ya no se sepa más y todo quede como está.Considero que se debieron realizar las siguientes acciones: i) intervenir judicialmente todas las empresas y concesiones de Odebrecht para que sigan operando; ii) auditar a las empresas a fin de detectar a los cómplices nacionales; iii) expedir normas que otorguen inmunidad a “peces chicos” por delación efectiva de los “peces grandes”; y iv) crear una mejor Procuraduría. Así se hubiera logrado negociar con empresas en marcha y con mejores resultados.