La declaratoria de emergencia del sector textil-confecciones debería ser una oportunidad para enfrentar los problemas que limitan su competitividad. Sin embargo, ante los pedidos de algunos representantes empresariales para aplicar medidas antidumping sobre las importaciones, conviene recordar que proteger una industria no equivale a fortalecerla. La experiencia del calzado es ilustrativa. Desde 1997 se aplican derechos antidumping sobre determinados productos importados de China. Casi tres décadas después, según el INEI, el PBI real de la fabricación de cuero y calzado pasó de S/ 833 millones en 2007 a S/ 602 millones en 2024, una caída del 28%. La protección comercial no ha sido suficiente para revertir su deterioro. Las medidas antidumping pueden estar justificadas cuando se acredita una práctica desleal y el daño correspondiente. Pero no combaten el contrabando, la subvaluación aduanera, la informalidad ni la baja productividad. Tampoco solucionan el rezago tecnológico o las dificultades para acceder a insumos competitivos. Hay, además, una paradoja: lo recaudado por estos derechos constituye parte de los recursos directamente recaudados del Indecopi, no un fondo para mejorar la productividad de las empresas afectadas. El sector textil necesita fiscalización aduanera efectiva, innovación, tecnología, mejores condiciones para producir y una cadena algodonera más competitiva. Es allí donde deberían concentrarse los esfuerzos de reactivación. La emergencia no debe convertirse en una excusa para adoptar salidas fáciles o mercantilistas. La verdadera defensa de la industria nacional consiste en darle las herramientas para competir, no en protegerla indefinidamente de la competencia.

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