Cinco son las regiones que tienen problemas sociales latentes y pueden terminar en violencia: Piura, Loreto, Apurímac, Puno y Arequipa. Eso lo advierte la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo como conclusión del monitoreo a marchas de pobladores y que se incrementaron en los últimos días.

La situación es preocupante, pues detrás de algunas protestas grupos “incendiarios” buscan prender la pradera en una escala violentista para imponer inestabilidad en el país, especialmente en un año electoral y cuya campaña arrancó el jueves con los ataques lanzados por los principales representantes del Partido Nacionalista a líderes de otras agrupaciones políticas.

No mirar y analizar lo que pasa en estas 5 regiones (sin olvidar el problema de Pichanaki, en Junín, cuya población, encabezada por su alcalde Zósimo Cárdenas Muje, el último miércoles marchó por la paz y dejando de lado al etnocacerista Carlos Chavarría) sería una irresponsabilidad.

Estos conflictos latentes en el interior del país requieren de vigilancia y participación de las autoridades, buscando convertirse en interlocutores oficiales, encaminando las demandas de la población debidamente representada por líderes conciliadores y no por foráneos que promueven el vandalismo y viven de la violencia.

Además, urge que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros reasuma el rol que le compete, pues en los últimos meses demuestra letargo y falta de liderazgo, como identificación con su trabajo. La premier Ana Jara debe estar más atenta en el tema. 

TAGS RELACIONADOS