Por segundo día consecutivo, se han producido clausuras masivas de centros comerciales y supermercados en todo el Perú. La sensación general es que las municipalidades y otras entidades fiscalizadoras han reaccionado con atraso, como si recién ahora recordaran su rol de garantes de la seguridad pública.

Fue necesario que ocurriera una desgracia en el Real Plaza de Trujillo para que las autoridades despertaran y se movilizaran con el afán de fiscalizar y sancionar. Sin embargo, la evidencia indica que el peligro en estos espacios comerciales siempre ha existido. La falta de controles rigurosos permitió que situaciones de alto riesgo fueran ignoradas por años, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que acuden a estos establecimientos.

Ahora, es imprescindible que las investigaciones sobre lo sucedido en Trujillo no terminen en un mar de acusaciones interminables ni en procesos burocráticos que se alarguen indefinidamente, como tantas veces ocurre en nuestro país. Las víctimas y sus familias esperan justicia y una debida reparación. Pero más allá de eso, la sociedad en su conjunto demanda que hechos de esta naturaleza no se repitan.

Es inaceptable que una infraestructura que cuenta con un certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente colapse, dejando muertos y heridos. Esto no es producto del azar ni de la mala suerte; hay responsables directos.