Es muy positivo para el país y la legalidad que el Congreso se haya puesto los pantalones para aprobar el informe en minoría de la Comisión de Inteligencia, que concluye que el presidente Ollanta Humala sí estaba al tanto de la labor ilegal que hacía la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en cuanto a seguimientos y armado de expedientes a políticos, empresarios y periodistas, tal como este diario lo denunció hace poco menos de un año.

Con esto, se ha enviado al tacho el informe en mayoría sustentado sin rubor alguno por el oficialista Víctor Isla, el cual no concluyó nada. De esto también sabe bastante el hasta ahora chakano Daniel Mora, quien en las sesiones del Congreso y ante los medios hizo grandes esfuerzos para desviar la atención y tratar de hacernos creer que estas ilegales acciones fueron efectuadas por empresas privadas. Los peruanos nunca debemos olvidar los nombres de estos caballeros.

En medio de todo esto resulta muy delicado lo señalado por la congresista Luz Salgado, quien precisó que durante sus investigaciones, el personal de inteligencia con el que dialogó le indicó que hacía ese tipo de trabajos “por órdenes superiores”. Recordemos que la DINI estaba a cargo de dos hombres de total confianza de Palacio de Gobierno y que estos reportaban única y exclusivamente al presidente Humala, quien jura que no sabe nada.

Irónico que la aprobación del informe que lapida a Humala, a la expremier Ana Jara y a la cúpula de la DINI, se haya aprobado horas después de que el mandatario criticó con dureza y con mucha razón al gobierno de Alberto Fujimori por haber corrompido a las Fuerzas Armadas. Habría que preguntarle al jefe del Estado si encuentra alguna diferencia entre lo que hizo él con el sistema de inteligencia en los últimos cuatro años, con lo que cometió el hoy reo de la Dinoes.

Ahora nos queda estar muy expectantes a la labor que hará en adelante el Ministerio Público. Su función acá es investigar y acusar si es necesario. Recordemos que por actos ilegales similares durante el gobierno de Fujimori varios civiles y militares fueron a parar a la cárcel por poner una institución del Estado al servicio de intereses politiqueros de alcantarilla, algo que no puede ser pasado por alto en ninguna democracia.