Opinión

Once años a la cárcel

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

10 de Julio del 2019 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Nada podrá restituir las vejaciones y maltratos sufridos por Arlette Contreras durante los últimos cuatro años. Incluso ella no está satisfecha con la condena de 11 años de cárcel dictada en contra de Adriano Pozo. Sin embargo, el lunes último el Poder Judicial ha dado un gran paso para que las brutales agresiones de este sujeto no queden en la impunidad, tal como venía sucediendo desde hace cuatro años gracias a presuntas influencias judiciales y amistades.

Este sujeto, al que todos hemos visto arrastrando del cabello a su víctima en Ayacucho, fue inicialmente librado de una sanción ejemplar por la justicia de la citada región. Apenas estuvo unos meses bajo prisión efectiva. Finalmente, en medio de una gran cruzada, el caso fue traído a un juzgado de Lima, donde la justicia ha actuado enviando a este sujeto a prisión por feminicidio en la modalidad de tentativa, mas no por intento de violación sexual.

A propósito, sería bueno saber si se ha tomado alguna medida contra los magistrados ayacuchanos que libraron de la cárcel a este personaje, que se hizo famoso en el mundo entero por esa agresión. ¿Siguen administrando justicia? ¿Qué seguridad pueden tener los litigantes de que esos jueces van a trabajar siempre con la ley en la mano? Si ante un caso emblemático como el de Arlette dieron la espalda a la víctima, habría que preguntarse cómo han actuado frente a otras situaciones.

Una mujer que sufre maltratos por un sujeto como Pozo no tiene por qué ser revictimizada por el sistema de justicia mediante investigaciones, audiencias y fallos que no conducen a nada o con sentencias que son una vergüenza, como la que en su momento dio un juzgado de Ayacucho. Los jueces y fiscales, una vez que obtienen las evidencias, tienen que estar del lado de quien ha sufrido las agresiones, y no jugando a favor de un feminicida o un feminicida en potencia.

De nada valdrán las marchas, campañas, mandiles rosados y movilizaciones en contra de las agresiones a las mujeres, ni las invocaciones para que denuncien a aquellos que las maltratan física y psicológicamente, si el sistema judicial no aplica las verdaderas sanciones previstas en nuestra legislación. En el caso de Pozo, tendrá que verse la apelación presentada por Arlette. Lo positivo es que al menos el sujeto esperará la decisión final tras las rejas, y no en libertad. 

tags