La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado el “uso excesivo de la fuerza” por parte del gobierno de Venezuela contra la oposición política democrática y, en general, contra el pueblo llanero, que continúa protestando en las calles desde hace 4 meses para pedir su salida del poder. Voy a explicarlo. El único titular para hacer uso de la coacción (fuerza) y de la coerción (amenaza) es el Estado. Nada ni nadie ostenta esta prerrogativa que históricamente se ha mantenido en exclusividad por el propio Estado, cuyo poder nacional fue una consecuencia de la Paz de Westfalia de 1648 que puso punto final a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Esa potestad estatal constituye la denominada “violencia legítima”, pues su aplicación deviene autorizada de la voluntad del soberano, que es el pueblo, extraordinario atributo legado de la Revolución Francesa de 1648. Mire usted, apreciado lector, la importancia de los acontecimientos históricos en el día a día de los Estados. Lo anterior en la práctica explica por qué razón -por ejemplo, en nuestro país- las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas instituciones tutelares del Perú que pueden hacer uso de la fuerza en nombre del Estado. La fuerza material del Estado, entonces, es necesaria y justa siempre que emane del poder constituido. De lo contrario, la sociedad jurídicamente organizada rápidamente terminará anarquizada y el orden social se volverá inexistente, abriéndose las brechas para la violencia intraestatal no legitima, perfecto camino hacia la sociedad de la barbarie. Cuando ello sucede, entonces, configura técnicamente el abuso del derecho que se verifica por un muy mal uso de la referida violencia legítima. Así pues, el excesivo uso de la fuerza, como sucede en Venezuela, se ha producido porque al régimen no le importa los límites consentidos del referido uso de la fuerza. Esto último explica indubitablemente por qué el gobierno de Maduro ha sido calificado de dictadura por su actitud crónicamente represora.