De la Organización de Naciones Unidas (ONU) no se puede esperar mucho por tratarse de una entidad venida a menos que necesita una urgente reforma por haberse quedado anclada en el tiempo. Sin embargo, desde hace varias semanas hubiera sido ideal que marque distancias públicas con el adefesio de opinión que ha emitido el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de su Consejo de Derechos Humanos respecto a la carcelería impuesta por las leyes peruanas al golpista e investigado por corrupción Pedro Castillo.
Es cierto que lo señalado por los abogados que pertenecen a dicho grupo es apenas una opinión no vinculante, que ha sido producto de un escandaloso lobby de la izquierda internacional que ha recogido el pedido de uno de los abogados del sentenciado Castillo, un sujeto que ha pasado más de una década preso por el delito de terrorismo y después ha sido adherente a una de las fachadas de Sendero Luminoso, salvaje banda genocida que la ONU conoce muy bien desde hace décadas.
Sin embargo, por usar el nombre de la ONU para emitir una opinión que respalda a un golpista que intentó quebrar el orden constitucional y hasta hacer detenciones arbitrarias –sí, detenciones arbitrarias– en un Estado miembro, pudo ser bueno conocer si el organismo internacional como tal, está a favor de lo señalado por los abogados que consideran que manera insólita, alucinada e irrespetuosa para el Perú, que la infame proclama del 7 de diciembre del 2022 fue “un ejercicio de libertad de expresión”.
Y mientras la ONU se calla en todos los idiomas, acá en el país el presidente interino José María Balcázar –que se va a su casa en dos semanas– trata de valerse del informe de 19 páginas del grupo de trabajo que debería ser echado al tacho de la basura, para justificar un eventual indulto al golpista, pese a su ilegalidad; y el derrotado excandidato presidencial Roberto Sánchez intenta mover a las calles en favor del recluso del penal Barbadillo que aún tiene mucho que responder por actos de corrupción.
Está claro que la ONU jamás dirá nada y de forma tácita avalará la opinión en favor de Castillo, un sujeto que está preso en virtud a una sentencia en primera instancia y a una investigación del Ministerio Público que han seguido todos los estándares de debido proceso a nivel internacional. De no haber sido así, hace tiempo el país habría recibido condenas internacionales serias y sustentadas. Claro, las que han lanzado impresentables como Claudia Sheinmabum de México y Gustavo Petro de Colombia, no cuentan.
-