El Congreso de la República aprobó un presupuesto de 251 mil 801 millones de soles para el 2025, un aumento del 4.5 % respecto a 2024. Aunque refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico, el incremento también plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal en un país que enfrenta alta informalidad y una débil recaudación tributaria. Urge priorizar sectores estratégicos, como la minería, que sigue siendo el motor de nuestra economía y clave para generar ingresos fiscales.

Para aprovechar plenamente el potencial minero en nuestro país, debemos simplificar regulaciones y atraer inversión privada, fomentando alianzas que respeten estándares ambientales y sociales. Sin embargo, los recursos que genera la minería son insuficientes si persisten gastos públicos ineficientes. En este contexto, mantener a Petroperú, una empresa que opera con pérdidas constantes, es un lujo que no podemos permitirnos. Su privatización es necesaria para liberar recursos que podrían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

La proliferación de ministerios y programas redundantes incrementan la burocracia sin mejorar los servicios. Es momento de racionalizar el aparato estatal y redirigir esos recursos hacia inversiones productivas.

El equilibrio financiero no es solo una meta técnica; es un compromiso político. Si no ajustamos el gasto y fomentamos actividades generadoras de riqueza, comprometeremos el futuro fiscal del país.