El Congreso aprobó un proyecto de ley que retornaría a miles de los llamados maestros “interinos” (1984) que fueron excluidos de la carrera publica magisterial por no haber obtenido sus títulos pedagógicos o habiéndolos obtenido, no aprobaron la evaluación respectiva en el 2014, quienes serían ubicados automáticamente en la primera escala magisterial. El sentido común nos señala que no se pueden otorgar beneficios extraordinarios a quienes, en su oportunidad, no cumplieron con el mandato de la ley y que no se deben expedir normas retroactivas (salvo materia penal). Pero en el Perú ¡todo puede ocurrir!  Contra viento y marea, y la opinión desfavorable de los ministerios de Educación y Economía, Consejo Nacional de Educación, SERVIR, y una serie de organizaciones de la sociedad civil, el Congreso aprobó una norma a todas luces populista que tiene un oscuro matiz clientelista. De un plumazo se zarandeó la meritocracia en la función pública y se abrió la puerta falsa para que miles de docentes, que en su oportunidad desaprobaron la evaluación de ingreso a la carrera magisterial, puedan hacerlo y afecten el derecho a una educación de calidad de millones de niños peruanos de todos los rincones del país. ¿Qué les decimos a los otros miles de maestros que, cumplidores de la ley, se han presentado al reciente concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial y están a punto de ocupar una de las más de 105 mil plazas convocadas por el Ministerio de Educación? ¿Cómo justificamos esta situación frente a las familias, a los niños y a la sociedad?

Uno de los autores de esta iniciativa declaró que por encima de la “meritocracia” está el respeto a los “derechos humanos”. La pregunta del millón es: ¿derechos humanos de quién? ¿De quienes no pudieron afrontar y/o fracasaron ante una evaluación para acceder a un cargo público, 30 años después? o de los millones de niños que serán afectados con maestros de rancia preparación?  La evaluación docente, el eterno “cuco” del magisterio nacional, no puede evadirse para repartir plazas públicas pagadas con el dinero de todos los peruanos.  Más que llamar “ignorantes” a quienes se oponen a tamaño faenón, deberíamos llamar “orejas de burro” a quienes insisten en aprobar normas que perjudican a los peruanos y que, tarde o temprano, ellos mismos lamentarán.