Organización Criminal.

El viernes durante la madrugada, la Comisión Permanente del Congreso decidió inhabilitar y destituir al juez supremo César Hinostroza, así como a otros dos exconsejeros del CNM, como recomendaba el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elaborado por el congresista de Nuevo Perú, Oracio Pacori. Otros dos exconsejeros no fueron inhabilitados.

Sin embargo, la principal acusación y tesis de la Fiscalía que investiga a los “Cuellos Blancos del Puerto” es que actúan como una organización criminal, operando al margen de la ley a través de sus cargos públicos. Es esta acusación la que se rechazó en la Comisión Permanente por los votos mayoritarios de Fuerza Popular.

Resulta indispensable y absolutamente necesario que el Pleno del Congreso modifique esta decisión. La impunidad en el juzgamiento de casos de corrupción encuentra responsabilidades muy concretas en la actuación de la Fiscalía pero también en el Poder Judicial. Chávarry, Gálvez en la Fiscalía, Hinostroza y otros en la Corte Suprema deben ser sancionados como corresponde y apartados perentoriamente de estas instancias de poder. Tanto quienes investigan poco y mal como quienes juzgan con “benevolencia” excesiva son responsables de la impunidad.

A diferencia de la comisión “Lava Jato” -con 30 asesores, más de un año de trabajo y críticas por exclusiones incomprensibles en las acusaciones-, el informe del congresista Pacori no tuvo presupuesto adicional ni más asesores; y en solo semanas de trabajo emitió -fundamentado- un informe que establece la relación criminal entre los sindicados. Esa es la diferencia cuando se quiere -realmente- combatir la corrupción.

Demandamos que el Pleno del Congreso corrija la decisión de la Comisión Permanente y no se blinde a esta organización criminal. El pueblo conoce a los defensores de la corrupción.