La Constitución del Perú dice: “Artículo 97 °.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”.

Está claro que el Congreso tiene la facultad constitucional de realizar investigaciones de casi cualquier índole. Lo que no queda claro en la Constitución es para qué sirven estas investigaciones, ya que el Poder Judicial no está obligado a respetar ni a utilizar dichas conclusiones. De otro lado, no hay nada que haga pensar que las comisiones investigadoras del Congreso son más capaces o menos corruptas que el Poder Judicial y logren encontrar evidencias que permitan que las personas o instituciones procesadas -y encontradas culpables- paguen su condena.

Una de las tesis mencionadas es que la investigación de dichas comisiones ayuda a entender una casuística determinada, lo que permite al Congreso legislar sobre la materia. La verdad es que hay una muy escasa producción legislativa que nace de estos procesos.

Por último está la facultad del Congreso de realizar juicios políticos que inhabiliten a los funcionarios de tomar cargos públicos. Respecto de esta facultad, la realidad es que dado que el Congreso es en esencia la suma de fuerzas políticas, es poco posible que las comisiones investigadoras puedan ser justas. Lo que está claro es que resulta una magnífica prerrogativa para dañar severamente a un rival. Tal fue el caso de la famosa Megacomisión, que trajo pocos resultados pero que dañó severamente la imagen del expresidente García y del APRA en general, como se vio en los resultados de las últimas elecciones.

Esta es, desde mi punto de vista, la verdadera razón por la cual algunos congresistas son partidarios de las comisiones investigadoras. Los faculta con el poder de dañar de manera directa a un posible adversario político, además de darles una cobertura mediática enorme que, por supuesto, abona en su capital electoral.

Pareciera pues que detrás de los otorongos Holmes lo único que hay es la búsqueda de notoriedad y la necesidad de dañar a sus adversarios. Es increíble que el presupuesto y tiempo del Congreso que pagamos todos los peruanos sea invertido en esto y no en realizar la función principal para la que fueron elegidos, que es legislar.

Por cierto, no parece necesario un juicio político para los funcionarios implicados en los actos de corrupción de la empresas brasileñas. A estas alturas del partido, estoy seguro de que los ciudadanos no solo han juzgado sino también condenado a los involucrados, y que lo que estamos esperando es verlos pagar por sus delitos.