El Congreso no solo pretende que elevar las penas de contra periodistas para que estos dejen de hacer su trabajo sino que también busca, con la anuencia de un Ejecutivo débil, convertirse una entidad que está por encima del resto de poderes del Estado.

El sistema de justicia es el siguiente blanco del ataque contra la institucionalidad del país que pretende perpetrar el Poder Legislativo.

El arma a usarse es el proyecto de ley N° 6738, impulsado por Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), denominado “Ley de reforma constitucional que fortalece la institucionalidad del Poder Judicial y el Ministerio Público, y modifica los artículos 144° y 158° de la Constitución Política del Estado sobre el nombramiento, plazo y cese del cargo de presidente del Poder Judicial y del fiscal de la Nación”.

Fuera del rimbombante título, lo que esta norma logrará, en caso sea aprobada, es que sea el Parlamento, y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la entidad que destituya a jueces y fiscales supremos.

Es decir, serán los congresistas los que tendrá el poder para retirar a los jueces y fiscales que, por su rango, serán los encargados de investigarlos en un eventual proceso.

La pregunta es simple, ¿habrá un fiscal o juez que lleve adelante un proceso en contra de quien puede destituirlo?