Hasta el último tramo de su cuestionado periodo, el actual Congreso sigue en la suya. El reciente allanamiento realizado por la Fiscalía y la Policía a inmuebles en Ucayali y Lima, vinculados a la congresista Francis Paredes, vuelve a colocar al Parlamento en el centro de un escándalo que alimenta la percepción de impunidad y descomposición. La legisladora es sindicada como presunta cabecilla de una organización criminal que habría obtenido beneficios en entidades públicas como EsSalud, el INPE y la Dirección de Cultura de Ucayali. Es una acusación de enorme gravedad que golpea aún más la credibilidad de una institución ya severamente desprestigiada.

Lo más preocupante es que estos hechos ya no sorprenden a la ciudadanía. En los últimos años, el Congreso ha acumulado una larga lista de cuestionamientos éticos, blindajes políticos y denuncias que han terminado erosionando la legitimidad del sistema democrático. El problema no es únicamente la posible responsabilidad individual de una parlamentaria, sino la sensación de que el poder político se ha convertido para muchos en una plataforma de intereses particulares antes que en un espacio de representación ciudadana. Cuando las investigaciones por corrupción alcanzan de manera recurrente a quienes legislan el país, el mensaje que recibe la población es devastador.

El Perú necesita que la justicia actúe con independencia y rapidez, porque cada nuevo escándalo profundiza el divorcio entre la ciudadanía y sus autoridades.