En medio de otro cambio de gabinete —uno más en esta colección interminable de improvisaciones— y de una nueva crisis política que ya nadie se molesta en disimular, el Gobierno ha decidido hacer lo que mejor sabe: lanzar otro salvavidas a Petroperú. Una empresa que, a estas alturas, parece menos una compañía estratégica y más un barril sin fondo.

La escena es conocida. Discursos firmes en público, promesas de responsabilidad fiscal y, al final, el inevitable retroceso. El Ejecutivo, que juraba disciplina y orden, vuelve a abrir la billetera del Estado para sostener a una empresa quebrada. Con este nuevo rescate de 500 millones de soles, la ayuda ya bordea los 18 mil millones de soles en los últimos cuatro años.

La pregunta es tan incómoda como evidente: ¿cuánto más vamos a seguir financiando el fracaso? Porque cada sol que se destina a sostener a Petroperú es un sol que no llega a programas como Beca 18, a hospitales que siguen sin equipamiento o a colegios que aún esperan condiciones dignas. En un país con enormes brechas sociales, la decisión de priorizar una empresa inviable no solo es discutible: es profundamente injusta.

Se dirá, como siempre, que se trata de una empresa estratégica, que hay que protegerla, que no se puede dejar caer. Pero la realidad es más dura que el discurso: mantener artificialmente a flote una empresa que no es rentable no es estrategia, es obstinación.