La Constitución peruana de 1993 ha mantenido su vigencia con una continuidad democrática inédita en nuestra historia republicana. Con el paso del tiempo ha dejado de ser una página en blanco para convertirse en la Norma Fundamental con mayor desarrollo jurisprudencial gracias a la labor del Tribunal Constitucional, echado profundas raíces de sus principios y reglas de su parte dogmática como orgánica; por tanto, las recurrentes propuestas, durante los procesos electorales, para convocar una asamblea constituyente produciría una inseguridad jurídica de incalculables proporciones.

La labor ordenadora y pacificadora del Tribunal Constitucional mediante sus precedentes ha moderado el contenido y alcance de los principios y reglas de la Carta de 1993; incluso, en algunos casos distanciándose de la voluntad del constituyente histórico, no exenta de críticas en materia laboral, por citar un ejemplo.

Desde julio de 2026, con el reestreno del sistema bicameral en nuestra forma de gobierno, comienza una nueva oportunidad para el reacomodo de la ingeniería institucional. El diálogo previo entre las dos cámaras, diputados y senadores, para la producción legislativa será vital para su adecuada performance política y jurídica; sin embargo, el déficit de un sistema de partidos dimensionado y estable en el tiempo sigue latente sino aprovechamos el tiempo en revisar las normas electorales y un balance tras dos décadas del proceso de regionalización. El éxito de las instituciones se construye con paciencia, constancia y el empeño, una receta más humana que jurídico-positiva. Las instituciones son tan sólidas como las virtudes públicas de quienes las operan y la cultura ciudadana que las respalda.

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