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Buscar sintetizar la realidad de los últimos meses a través de una intervención en el Parlamento me ha generado una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Se me acusa equivocadamente de dañar la imagen y la buena reputación de los integrantes de Fuerza Popular. Mi expresión fue simplemente una valoración política. No se puede retirar la palabra cuando hablamos de hechos que todo el país atestiguó: las conversaciones del chat “La Botica”, en donde se coordinaba el respaldo de la cúpula de Fuerza Popular al señor Chávarry; la resolución del juez Concepción Carhuancho, en donde reconoce expresamente el “blindaje” a favor de Chávarry realizado por Fuerza Popular; que a la fecha la Subcomisión de Acusaciones no haya debatido las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación y que el vocero de Fuerza Popular haya sido uno de los primeros en respaldar el retiro de los dos fiscales más incómodos para el fujimorismo -Vela y Pérez- el pasado 31 de diciembre.

No busqué ni agraviar ni difamar. Describir hechos no es ninguna ofensa, más aún si la frase se dio dentro del debate parlamentario, espacio en donde nuestras opiniones gozan de tutela constitucional, según precisó el Tribunal Constitucional. Por el contrario, lo que sí resulta ofensivo es continuar teniendo un fiscal supremo con impedimento de salida del país, con suspensión de su gremio profesional y con denuncias constitucionales sin que el Parlamento haga nada al respecto.

Si Fuerza Popular cree que me equivoco, tiene los próximos días para rectificar su posición con respecto a Chávarry. Demuestren con hechos que no existe ese pacto de impunidad.