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Bastante difícil la tienen empresas consideradas en la lista del denominado “Club de la Construcción”, en especial 16 de ellas que están a punto de ser investigadas penalmente a pedido del Ministerio Público.

Los contratos oscuros que se manejaban en la adjudicación de millonarios proyectos en el sector Transportes y Comunicaciones, con la desviación de un porcentaje de recursos destinado al pago de coimas para altos funcionarios públicos, son otro desafío por aclarar a manos de la Fiscalía, el mismo que traerá novedades por la implicancia y el listado de ejecutivos considerados en el proceso, quienes en los siguientes días rendirán sus declaraciones testimoniales sobre indicios de corrupción que pesan contra ellos.

Genera además atención que entre los pagos realizados por el “Club de la Construcción” un porcentaje habría ido a manos del exministro Carlos Paredes, uno de los funcionarios más cercanos a Palacio de Gobierno cuando era presidente Ollanta Humala. Todo eso lo determinarán las investigaciones.

Lo que sí es cierto es que la telaraña de acuerdos manejados bajo la mesa y de manera oscura comienza a salir a la luz, confirmando que en la adjudicación de contratos de proyectos siempre existió un direccionamiento que responde al pago de coimas.

Es sabido que en esta modalidad de gestión, por parte de buen número de empresas que prestan servicios al Estado, es común recurrir a acciones indebidas antes que preocuparse por garantizar la calidad y cumplir el cronograma para ejecutar la obra.

Lo que vendrá en los siguientes días, con el papel que cumplió el “Club de la Construcción”, debe dar pie a investigaciones sobre licitaciones llevadas en ministerios, municipios, gobiernos regionales y en otros organismos del Estado donde se manejan recursos en proyectos mal ejecutados, con ampliaciones de recursos que a final de cuentas son de todos, pero se malgastan por la corrupción instaurada en diferentes niveles de decisión.