Los constantes allanamientos a Palacio de Gobierno por parte de fiscales y policías, siempre en cumplimiento de un mandato judicial, constituyen una verdadera vergüenza para todos los peruanos, seamos críticos o no del gobierno del presidente Pedro Castillo, pues se trata de una patada a la institucionalidad del ámbito de donde se supone que se toman las decisiones más importantes del país.

Lamentablemente, la conducta del jefe de Estado y sus allegados, todos ellos bajo investigación por presuntos actos de corrupción, sumada a una asesoría jurídica de escasa idoneidad, ha llevado a que la sede del Poder Ejecutivo sea objeto de este tipo de diligencias que por lo general tienen como objeto guaridas de delincuentes comunes, y no la sede de un gobierno.

En el caso específico del allanamiento iniciado el viernes último y que se extendió por 16 horas, el propósito era incautar videos relacionados a la hoy detenida Yenifer Paredes, debido a que la Casa Militar de la Presidencia de la República, obviamente por orden del jefe de Estado, se negaba a entregarlos en apoyo a las investigaciones.

Acá tenemos pues, al presidente en ejercicio, acusado de ser cabecilla de una banda de delincuentes y que no se digna a cooperar con el Ministerio Público, por más que en calles y plazas dice lo contrario. Toda una vergüenza.