¿Cómo podemos medir el impacto de las extorsiones en el país si hay un buen número de víctimas que no denuncia?, ¿cómo podemos recuperar la confianza en la Policía?, ¿cuál es el plan para reducir el avance del crimen organizado dedicado a este delito? Lanzo estas inquietudes porque es complicado elaborar una estrategia si no hay indicadores precisos. Se trata de una cuestión de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones tutelares de la seguridad. Por eso, se debe trabajar en recuperar el respeto por los agentes del orden, muchos de ellos honestos, que se ven manchados por las malas mañas de unos cuantos. Un ejemplo: Una mujer, a quien le habían robado su vehículo, recurre a la comisaría a registrar el hecho tras recibir la llamada del extorsionador exigiendo dinero a cambio de recuperar su propiedad. Como respuesta, los policías le recomiendan que “pague nomás porque es difícil recuperar la unidad”. Entonces, se efectúa la transacción y le devuelven su bien tal y como había estado antes de desaparecer, el mismo que pasa a la comisaría para levantar la denuncia. Si creen que la historia acabó se equivocan. Luego del ajetreo de los papeles para que la unidad ya no aparezca como robada y así evitar las intervenciones en operativos, la mujer fue por fin a retirar su vehículo. Grande fue su sorpresa al cerciorarse que le faltaba la radio, los faros y otros accesorios. Ese fue el resultado de denunciar de manera oficial: doblemente asaltada. Es importante que el ciudadano vuelva a creer en su institución policial, que cada denuncia llegue a una estación oficial y sea atendida con calidad de servicio. Solo de esa manera podremos medir los indicadores delictivos y plantear alternativas sobre hechos concretos, sino estaremos dando palos de ciego. Científicamente, lo que no se puede medir es difícil de analizar o corroborar.