Concedida por el Congreso, la cuestión de confianza solicitada por el Gobierno “sobre integridad y lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad de nuestro país”, cabe preguntarse para qué sirvió, políticamente hablando. 1) Para mantener, e incluso exacerbar, una atmósfera política enrarecida por la pugna entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”; estos últimos empoderados, no por “la calle” (como llaman ellos a las movilizaciones), puesto que sus convocatorias tuvieron magras repercusiones, sino por el cártel mediático dominado por conocidos medios escritos, de TV cable y señal abierta, y una legión de “troles” en las redes sociales, pagados -de seguro- con presupuesto público. 2) Para exponer, en su real dimensión, a aquellos sectores extremistas de izquierda que lo único que buscan es cerrar el Congreso, promover una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución vigente y promulgar una nueva, modificando, irresponsablemente, el régimen económico, que fue, precisamente, el que permitió que iniciáramos una senda de crecimiento. 3) Para alertar, en forma inusitada a la comunidad internacional, de un posible quiebre del orden constitucional por parte del Gobierno, al promover un mecanismo que, si bien está contemplado en la C-1993, a decir de muchos connotados constitucionalistas, no correspondía su procedencia, por transgredir lo dispuesto por el artículo 86° inciso e) del reglamento del Congreso. 4) Para que pase desapercibida la promulgación de una andanada de DL con los que están regulando una serie de aspectos económicos y sociales que son, por decir lo menos, controvertidos, y cuya discusión pública han pasado a segundo plano. 5) Para encubrir la falta de capacidad para afrontar los grandes problemas, como la reconstrucción, las secuelas del friaje, el avance de la anemia infantil y el rebrote de enfermedades endémicas, como el sarampión.
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