Tiene razón César Landa. Lo aprobado por el Congreso no es sino un Caballo de Troya ante la exigencia democrática y de la población, de regular la inmunidad parlamentaria por su uso y abuso.
Presionado por la convocatoria a referéndum, el Congreso, en el último día de legislatura, aprobó una modificación constitucional sobre inmunidad no sólo parlamentaria. Incluyó también eliminar la protección al presidente, ministros, integrantes del Tribunal Constitucional y otros. Es una clarísima violación constitucional que rompe todo principio de separación de poderes, base de la estructura democrática del país.
Pero no es lo único que este Congreso aprueba sin un mínimo de debate y reflexión, lo que desnuda intereses particulares o de grupo. Veamos:
Aprueba la prohibición de postular a cargos públicos de los condenados en primera instancia por delitos dolosos, sin cuestionar que este acuerdo colisiona con el principio constitucional de la doble instancia y la garantía de los derechos ciudadanos.
Aprobar la elección de los miembros del TC por concurso público de méritos desnaturaliza la esencia constitucional y el carácter político de este organismo, convirtiéndolo en un ente académico meritocrático.
Somos partidarios de modificar la Carta Magna, pero se requiere propuestas serias que permitan construir una economía y una sociedad más equitativas. Todos los días vemos las extremas desigualdades e injusticias que la pandemia del COVID-19 desnudó.
Presencia del Estado, planificación económica, desarrollo regional, inversión en salud y educación, y reforma tributaria necesitan ser colocados en el debate, con la perspectiva de un verdadero desarrollo nacional.
Para ello se requiere una nueva Constitución Política y no parches constitucionales.
