En toda democracia, la legitimidad no termina con el resultado electoral; se construye, sobre todo, con la confianza en el proceso mismo. Por eso, el llamado a “pasar la página” que lanzan algunas voces tras una primera vuelta cuestionada y llena de graves irregularidades, resulta sumamente peligroso si se interpreta como una invitación al olvido. Seamos claros: En términos jurídicos, una denuncia de fraude, por sí sola, no basta para acreditar responsabilidad. Quien denuncia un hecho (y por la vía institucional correspondiente, además), tiene la carga de la prueba a través del uso de medios suficientes, pertinentes y verificables, no solo de suposiciones. Ese es un principio básico del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Sin ellos, lo único que se logra es afectar la confianza pública y alimentar la polarización de todo un país. Pero el extremo opuesto tampoco ayuda: minimizar o desestimar las situaciones tan graves ocurridas durante el proceso electoral pidiendo “silencio” o tildando de “conspiranoicos” a quienes –ante las evidencias– exigen auditorias y revisiones técnicas, resulta ser otra forma grave de debilitar la democracia.

Lo que hemos visto no puede despacharse como simples casualidades: Hubo deficiencias logísticas propias de novatos y no de una entidad pública que se ha preparado cinco años para aplicarlas, decisiones administrativas sospechosamente cuestionables y situaciones que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos. ¿Fueron producto de negligencia, desorganización o de premeditación deliberada? Esa es precisamente la pregunta que no puede quedar sin respuesta. La neutralidad, en este contexto, no consiste en callar ni en relativizar. Consiste en no adelantar conclusiones sin evidencia comprobada, por un lado, pero también en no renunciar a exigir explicaciones contundentes. Una democracia madura no teme investigar sus propios procesos; por el contrario, los somete a revisión para fortalecerlos. “Pasar la página” solo resultaría legítimo cuando el capítulo anterior hubiera sido correctamente cerrado. Y cerrar no es ignorar, sino esclarecer. Implica que las instituciones competentes investiguen con rigor, que se determinen responsabilidades y que se implementen correcciones inmediatas de cara a la confianza de la siguiente etapa electoral. Mirar hacia adelante es necesario. Pero hacerlo sin entender lo que ocurrió es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, irresponsable. La democracia no se defiende pasando la página apresuradamente, sino asegurándose de que lo escrito en ella sea claro, verificable y legítimo.